El Operador Económico Autorizado (OEA) y el cumplimiento social en el comercio internacional: un enfoque integral contra el trabajo forzado e infantil.

Operador Económico Autorizado (OEA) y cumplimiento social en el comercio internacional.

En la actualidad, el comercio internacional no solo enfrenta retos relacionados con la seguridad y eficiencia, sino también con la creciente preocupación por las prácticas ilícitas que afectan a las cadenas de suministro globales. Entre las principales violaciones a los derechos humanos en este contexto destacan el trabajo forzado e infantil, que afectan a millones de personas en todo el mundo. Para combatir estas prácticas, se han implementado programas internacionales que promueven el cumplimiento de estándares éticos y legales, siendo uno de los más relevantes el Operador Económico Autorizado (OEA). Este programa, al igual que el CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism), no solo garantiza la seguridad en las operaciones comerciales, sino también la responsabilidad social de las empresas participantes, haciendo frente a prácticas ilegales en sus cadenas de suministro.

A partir de la publicación del Anexo 1 de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 25 de julio de 2023, México reconoció como una necesidad el que las empresas que se encontraban certificadas como Operador Económico Autorizado, así como aquellas que buscaran aplicar a la certificación, cumplan con los lineamientos de prevención contra el trabajo infantil y/o forzado.

La Realidad del Trabajo Forzado e Infantil

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), más de 40 millones de personas están sometidas a formas de esclavitud moderna en el mundo, de las cuales 25 millones están siendo forzadas a trabajar en condiciones que violan sus derechos fundamentales. Esta alarmante cifra resalta la necesidad de que las empresas tomen medidas preventivas para evitar que sus operaciones se vean involucradas en la explotación laboral, el terrorismo, el lavado de dinero y otras prácticas ilícitas. En respuesta a esta problemática, el programa Operador Económico Autorizado, así como su homologo CTPAT, han incorporado en sus lineamientos de seguridad un enfoque integral que aborda específicamente el trabajo forzado, infantil y otras formas de abuso en las cadenas de suministro, lo que impacta directamente en el cumplimiento de las empresas que se adhieren a estas certificaciones.

El Operador Económico Autorizado (OEA) y el cumplimiento social en el comercio internacional: un enfoque integral contra el trabajo forzado e infantil.

El Cumplimiento Social y su Relevancia en el Comercio Internacional

El cumplimiento social, dentro del marco del CTPAT y el programa OEA, es un componente clave para garantizar que las empresas cumplan con las normativas internacionales sobre derechos humanos y prácticas laborales. Este cumplimiento implica que las empresas y sus socios comerciales aseguren que sus operaciones no estén involucradas en actividades como el trabajo forzado o infantil, soborno, financiamiento del terrorismo, robo, y lavado de dinero. Es fundamental que las empresas participantes en programas como el OEA implementen políticas y procedimientos que garanticen la transparencia y la ética en todas las etapas de su cadena de suministro, lo que no solo les permite cumplir con la legislación internacional, sino también fortalecer su reputación y competitividad en el mercado global.

En el ámbito nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha implementado diversas medidas para combatir el trabajo forzado e infantil. Estas acciones incluyen operativos de inspección en sectores clave como la agricultura, la minería, y la manufactura, donde las prácticas de explotación laboral son más comunes. La STPS se encarga de verificar que las empresas cumplan con la legislación laboral.

Para las compañías que forman parte del programa OEA, esto también implica revisar las prácticas laborales dentro de su cadena de suministro, asegurando que sus proveedores cumplan con los estándares éticos y legales relacionados con el trabajo infantil y forzado.

A lo largo de los últimos años, México ha ratificado diversos convenios internacionales, como los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha reformado su legislación para fortalecer la lucha contra estas prácticas. Entre los cambios más destacados se encuentra la ratificación del Protocolo de Palermo, que refuerza el compromiso del país en la erradicación de la trata de personas y la explotación laboral. Estas reformas no solo impactan a las empresas mexicanas, sino también a aquellas que forman parte del OEA, quienes deben cumplir con estas normativas para mantener su estatus y acceder a los beneficios del programa.

En tales condiciones, el programa OEA no solo involucra el cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales, sino que también exige que las empresas implementen prácticas de debida diligencia en su cadena de suministro. Esto incluye realizar las siguientes acciones;

1.    Realizar auditorías periódicas a sus proveedores.

2.    Capacitar a los empleados sobre las consecuencias del trabajo forzado e infantil.

3.    Generar y exigir el cumplimiento de políticas de no tolerancia hacia estas prácticas.

De igual manera las empresas OEA deben estar atentas a señales de alerta que puedan indicar violaciones, como la negativa a proporcionar información sobre la procedencia de los productos o pagos en efectivo que no se ajustan a los patrones comerciales habituales.

Además, los OEA deben garantizar que sus proveedores firmen declaraciones de cumplimiento social y que estos se comprometan a seguir las políticas del programa, lo que contribuye a asegurar que toda la cadena de suministro esté alineada con los principios de responsabilidad social empresarial.

Consecuencias para las Empresas Involucradas en Prácticas Ilegales.

El incumplimiento de las normativas laborales y sociales tiene serias consecuencias, tanto a nivel nacional como internacional. En México, las empresas que no cumplen con las leyes relacionadas con el trabajo infantil o forzado pueden enfrentar sanciones severas, que incluyen multas económicas y, en algunos casos, procesos penales. En tanto que para las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado que no cumplan con los estándares internacionales corren el riesgo de perder su certificación, lo que impactaría negativamente en su reputación y competitividad en el comercio internacional.

En conclusión, el cumplimiento social, dentro del contexto de los programas OEA y CTPAT, es esencial para combatir el trabajo forzado e infantil, y otras prácticas ilícitas, en el comercio internacional. Las empresas que forman parte de este sistema deben ser conscientes de su responsabilidad no solo de cumplir con las normativas legales, sino de promover un entorno de trabajo ético y libre de explotación.

La lucha contra el trabajo forzado y el abuso infantil requiere la colaboración de todos los actores involucrados en la cadena de suministro, y las empresas certificadas (OEA) tienen un papel crucial en este esfuerzo. Este compromiso no solo mejora su competitividad, sino que también fortalece la integridad y la sostenibilidad del comercio internacional.